Ante la discusión suscitada por las declaraciones del productor de Cosquín Rock, desde el Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba consideramos que el Estado Provincial, que promueve y participa de la organización de éste tipo de festivales a través de sus agencias, programas y leyes de promoción impositiva, debiera exigir condiciones mínimas a quienes se benefician de esos aportes. Es el Estado quien debe tener una política de promoción tendiente a la equidad de géneros (binarios o no) en los espacios que éste auspicia, ya que es el único garante de derechos y responsable de la creación de las condiciones para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Así también debiera comprometerse en la selección y protección de artistas locales que participan en las instancias previas y en el propio festival, que muchas veces ven vulnerados sus derechos con prácticas empresariales rapaces y poco éticas, que buscan solamente el lucro con los sectores más vulnerables de la escena.

Es el Estado quien debe velar por la promoción de la cultura, entendida de manera amplia, no solo en lo artístico, sino también en la posibilidad de inclusión de otras identidades y discursos de sectores que no pueden acceder a escenarios masivos como éstos. Sin desconocer la economía que mueven éstos eventos, creemos que es necesario también discutir las condiciones laborales de las personas músicas que participan en los mismos (y primordialmente las locales) que son protagonistas centrales de los eventos musicales.

Invitamos a todas las personas músicas que quieran construir un presente mejor a acercarse a nuestro Sindicato para debatir y llevar adelante propuestas colectivas, y al Estado a crear una mesa de diálogo para comenzar a resolver los problemas del sector, y sobre todo de las personas que trabajamos en la música.

 

Comisión directiva.

Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba.